El día 07 de junio de 2017 amaneció convulso con la noticia de la intervención del Banco Popular de manos de la UE y su compra por el Santander por el precio de un euro.

Los accionistas del Banco Popular que venían de ver como sus acciones se desangraban paulatinamente en los parqués del Ibex 35 asistían estupefactos a su fallecimiento, al alcanzar con tal intervención un valor cero, lo que suponía la pérdida definitiva de su inversión.

Desde entonces, asistimos a un aluvión de opiniones emitidas desde todos los sectores (medios de comunicación especializados, asociaciones de consumidores y operadores jurídicos y económicos) denunciando las irregularidades cometidas por la entidad y pretendiendo informar sobre las posibilidades y éxito de las acciones legales.

Como en tantos otros temas ha sucedido –Bankia, Cláusulas Suelo, etc-, a partir de este momento se dio el pistoletazo de salida a una maratón de demandas judiciales que avanzan raudas hacia nuestros Juzgados y Tribunales.

CONFIRMA ABOGADOS supo adelantarse hasta el punto de llevar ante la Justicia al Banco Popular con anterioridad a que tal catarsis se produjese por la ampliación de capital de mayo de 2.016. No nos hizo falta esperar a que el gigante se hundiese y tocase suelo ni tampoco a que surgiesen precedentes que nos pusiesen sobre la pista de los resortes legales que ejercitar.

Es fundamental que la plantilla de abogados y profesionales que abordan un asunto de estas características cuente con una dilatada experiencia y especialización en los diversos ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, sólo así podrá abordar los asuntos con un ángulo de visión de 360º.

Tenemos claro que el papel del abogado, como elemento imprescindible de la Administración de la Justicia, parte de prestar el asesoramiento adecuado para prevenir el conflicto, de poseer el grado de discernimiento suficiente para advertir el ilícito en cualquiera de las realidades que adopte y de saber activar el mecanismo para combatirlo.

Y es que, si nuestros Juzgados y Tribunales son los que tienen reservado constitucionalmente el poder para impartir justicia (art. 117.3 CE), siendo los que inevitablemente acabarán por reparar los ilícitos, para esto será necesario que previamente el arte desplegado por un abogado haya servido para descubrirlos y presentarlos ante la Justicia desnudos de todos aquellos nuevos ropajes con que nos venga revestidos.

Bajo esta firme convicción trabajamos diariamente.